Marisa López, subsecretaria de fiscalización y control urbano de la Municipalidad de Ushuaia, dio a conocer las diversas formas de estafa que se vienen relevando en los asentamientos ilegales, a través del testimonio de los propios vecinos, y que van desde el cobro de permisos para ingresar a los barrios que se han formado, la venta ilegal de tierras fiscales, y hasta el pago de una mensualidad para garantizar seguridad y cuidado de las viviendas precarias.
Las situaciones fueron expuestas en sede policial, y hay nombres concretos de los especuladores que manejarían una suerte de “mafia” en estos lugares, aunque la resolución depende de la denuncia individual de cada afectado, hasta ahora dificultada por el temor a represalias.
En diálogo con Radio Provincia, la funcionaria señaló que las excusas para el cobro a los ocupantes ilegales son diversas. “Desde el permiso para ingresar al barrio o la venta de una fracción de tierra fiscal, el pago de una mensualidad por el espacio y el cuidado. Hay diversos rubros, por decirlo de alguna manera”, señaló sobre esta combinación de situaciones fuera de la ley.
Dijo que “desde hace una semana estamos recorriendo junto con inspectores los lugares donde están asentadas las familias, y vamos conversando con cada uno de ellos”, no sólo por estas estafas sino para desalentar nuevos asentamientos, dado que son lugares de complicada habitabilidad, donde hubo incluso que intervenir con evacuaciones y auxilio a las familias en pleno invierno.
“Se intenta sensibilizar y concienciar a la gente, y frenar los asentamientos en esos lugares, para que eviten ser estafados, porque pagar no tiene ningún asidero, no tiene ninguna autorización municipal”, subrayó.
La tarea se complica porque hay verdaderas mafias instaladas que recaudan a beneficio de no se sabe quién, aunque los testimonios dan nombres, apellidos y casos coincidentes.
“Invitamos a la gente a que pudiera expresar lo mismo que nos dice a nosotros en sede judicial, y también hemos hecho lo nuestro tanto en la justicia como en la policía para tratar de parar este tipo de especulaciones y defraudaciones a las personas”, sostuvo López.
Aclaró que “la denuncia la tiene que hacer la persona damnificada, que puso dinero y fue estafada. Pero la gente tiene temor a hacer frente a este tipo de manifestaciones, porque teme a las represalias. Desconozco si es un temor infundado. Lo que sí hemos hecho es hacer todas las constancias policiales y estamos atentos a colaborar con el vecino que se anime a denunciar policialmente para poder ayudarlo”, dijo.
Las mafias actuarían en forma encubierta bajo la forma de asociaciones que plantean un fin loable y respetable, con las cuales la gente colabora, pero “en realidad ese dinero no va a cumplir el fin por el que se creó”, observó la funcionaria.
Las quejas son muchas: “Hemos hablado con muchas personas, por lo menos con veinte grupos familiares hasta el momento, lo que no significa que esto no pueda continuar”, señaló.
En las recorridas los funcionarios estuvieron acompañados por la policía, y ante la policía los vecinos expusieron los distintos casos. Respecto de los individuos que vienen operando, aseveró que “tenemos información de los nombres, pero lo voy a mantener en reserva por ahora. Hay nombres, apellidos, situaciones y todas versiones coincidentes”, señaló la subsecretaria.
“Tenemos que colaborar con los vecinos para que no sean estafados. Esto es como comprar un auto sin papeles. Con un auto sin papeles no van a poder circular y, salvando las diferencias, esto viene a ilustrar una triste realidad”, comparó de quienes optan por “comprar” un lote o una casilla en lugar donde tal vez no podrán quedarse.
“Lo que más me molesta es que la gente que opta por los asentamientos, no solamente tiene que padecer la precariedad y las inclemencias del clima, sino que su situación se agrava porque son presa de este tipo de gente inescrupulosa”, enfatizó López, al tiempo que dio cuenta de las limitaciones del Municipio para actuar.
“Estamos trabajando, no es fácil porque hay algunas conductas que no están reguladas por la autoridad municipal”, dijo, por lo cual se refuerza la labor de informar a la población que “las únicas autoridades que tienen la potestad de distribuir tierras son el gobierno de la provincia a través del IPV y la Municipalidad de Ushuaia. No puede haber una persona que se arrogue la titularidad de predios fiscales. Eso no existe, no es verdad, y no hay que pagar mensualidad a nadie por estar viviendo en un lugar irregular”, sentenció.
Finalmente invitó a los vecinos que llamen al 103 de Defensa Civil cuando observen movimientos de personas que están queriendo instalarse. “Evitar que crezcan los asentamientos es evitar también que la gente viva mal”, concluyó.
FUENTE: SUR 54