Masacre de Trelew 22 Agosto (1972)

 

 

 

Masacre de Trelew

Luego de una frustrada fuga masiva de presos políticos del penal de Rawson en la que sólo ocho jefes guerrilleros habían conseguido volar rumbo a Chile, los demás fugados fueron detenidos en el aeropuerto de Trelew y remitidos a la Base naval Almirante Zar, donde dieciséis de ellos son asesinados a sangre fría. Sobrevivieron con graves heridas la sicóloga María Antonia Berger, el estudiante Alberto Miguel Camps y el ingeniero químico Ricardo Haidar, quienes serían secuestrados y desaparecidos entre 1977 y 1982.

La masacre de Trelew o los fusilamientos de Trelew consistió en el asesinato de 16 miembros de distintas organizaciones armadas peronistas y de izquierda, presos en el penal de Rawson, capturados tras un intento de fuga y ametrallados posteriormente por marinos dirigidos por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. Los sucesos tuvieron lugar en la madrugada del 22 de agosto de 1972, en la Base Aeronaval Almirante Zar, una dependencia de la Armada Argentina próxima a la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, en la Patagonia austral.
El 15 de octubre de 2012 el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas y declarar a los crímenes cometidos de "lesa humanidad".

Evasión y secuestro del avión

Un BAC 1-11 de Austral, similar al secuestrado por los guerrilleros
Torre de control.
El 15 de agosto a las 18:30 horas comenzó un masivo intento de fuga del Penal de Rawson, en la ciudad capital de Chubut, provincia de la patagonia argentina. Durante la fuga Marcos Osatinsky mató al guardiacárcel Juan Gregorio Valenzuela que se resistió.1 Lograron su objetivo solamente dos grupos, uno de 6 y otro de 19 de los más de cien reclusos miembros de las organizaciones armadas Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros.
El jefe del operativo era Mario Roberto Santucho, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, aunque algunas declaraciones -especialmente la de Fernando Vaca Narvaja, único sobreviviente de ambos grupos de evadidos- afirman que Marcos Osatinsky (de las FAR) había comenzado a planificar la fuga antes de que Santucho llegue al penal.
Estos dos dirigentes junto a Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna integraban el denominado Comité de fuga, y fueron los únicos que pudieron huir rápidamente en un automóvil Ford Falcon que los esperaba, y trasladarse al entonces aeropuerto de Trelew (cuya pista es utilizada hoy en día por el Aeroclub Trelew, mientras que la terminal es un Centro Cultural por la Memoria)2 para abordar una aeronave comercial BAC 1-11 de la empresa Austral (matrícula LV-JNS),3 4 5 previamente secuestrada por un comando guerrillero de apoyo, cuyos integrantes -entre los que se encontraban Víctor Fernández Palmeiro (el "Gallego", del ERP) y Anita Weissen, de FAR, viajaban como pasajeros.
La aeronave conformaba el vuelo 811, que había despegado del aeropuerto General Mosconi de Comodoro Rivadavia, con escalas en Trelew y Bahía Blanca, y rumbo al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.6 5 Llevaba un total de 96 personas, entre pasajeros y tripulantes. Una vez tomado el avión, el comando de apoyo pidió a los pilotos quedarse en la pista. Allí subieron el denominado comité de fuga y esperaron al resto de los evadidos.7
Mientras, los demás vehículos de transporte que debían esperar al resto de fugados no se hicieron presentes en la puerta de la cárcel debido a una confusa interpretación de las señales preestablecidas. Sin embargo, un segundo grupo de 19 evadidos logró arribar por sus propios medios en tres taxis al aeropuerto. Allí, los que estaban dentro del avión decidieron, por el peligro de la llegada de las fuerzas de la marina y del ejército, dejar de esperar y despegar rumbo al vecino país de Chile, gobernado entonces por el socialista Salvador Allende. El avión llegó primero a Puerto Montt y finalmente a Santiago de Chile, donde los guerrilleros pidieron asilo.4 7

Recaptura

Los 19 guerrilleros decidieron tomar la terminal aeroportuaria de Trelew, en el que había unos pocos pasajeros y personal de las aerolíneas. Al mismo tiempo un avión de Aerolíneas Argentinas estaba por aterrizar pero fue desviado por la torre de control.7 Al ver frustradas sus posibilidades de fuga, luego de dar una conferencia de prensa a cargo de Rubén Pedro Bonnet se entregó detenido a los efectivos de la Armada que mantenían rodeada la zona, solicitando y recibiendo públicas garantías para sus vidas en presencia de periodistas y autoridades judiciales. Los hombres también pidieron retornar al penal de Rawson.7
Una patrulla militar bajo las órdenes del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, segundo jefe de la Base Aeronaval Almirante Zar, condujo a los prisioneros recapturados dentro de una unidad de transporte colectivo hacia dicha dependencia militar. Ante la oposición de éstos y el pedido de ser trasladados de regreso nuevamente a la cárcel de Rawson, el capitán Sosa adujo que el nuevo sitio de reclusión era transitorio, pues dentro del penal continuaba el motín y no estaban dadas las condiciones de seguridad.
Al arribar el contingente al nuevo destino de detención, el juez Alejandro Godoy, el director del diario Jornada, el subdirector del diario El Chubut, el director de LU17 Héctor "Pepe" Castro y el abogado Mario Abel Amaya, quienes acompañaban como garantes a los detenidos, no pudieron ingresar con ellos y fueron obligados a retirarse.
El espectacular intento de fuga y el éxito parcial de los seis máximos jefes guerrilleros, que más tarde lograron un salvoconducto para huir desde Chile hacia Cuba, tuvieron al gobierno militar y a la opinión pública en vilo durante tensos días. El sentimiento generalizado era que se tomarían cruentas represalias a manera de escarmiento contra los demás protagonistas de la fuga, en caso de no lograrse la repatriación de los seis jefes guerrilleros evadidos.
Debido a esta percepción, en la mañana del 17 de agosto el Partido Justicialista envió un telegrama al ministro del interior Arturo Mor Roig (parte de la mesa directiva del Partido Radical) con el siguiente texto: "Reclamamos respeto derechos humanos presos políticos unidad carcelaria Rawson responsabilizándolo por su integridad física amenazada por medidas de represión".

Fusilamiento

Mientras el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse intentaba presionar por todos los medios al presidente de Chile Salvador Allende para que deportara a los fugados en calidad de prisioneros, toda la zona de Rawson y Trelew era virtualmente ocupada por fuerzas militares del Ejército y Gendarmería, quienes patrullaban continuamente y hacían prácticamente imposible cualquier nuevo intento de fuga. La propia Base Aeronaval de Trelew mantenía una numerosa dotación de tres mil efectivos de la Armada. Regía en toda la zona un estado de máxima alerta, todo lo cual hacía impensable reintentar otra operación de evasión.
En un clima de absoluto hermetismo y gran tensión, la noche del 21 de agosto permanecían reunidos en la Casa de Gobierno los miembros de la Junta de Comandantes en Jefe de las tres fuerzas armadas, colaboradores y ministros. No se brindó ninguna información a los periodistas que aguardaban noticias.
Esa misma noche, a las 03:30 horas del 22 de agosto, en la Base Naval Almirante Zar, los 19 detenidos fueron sorpresivamente despertados y sacados de sus celdas. Según testimonios de los tres únicos reclusos sobrevivientes, mientras estaban formados y obligados a mirar hacia el piso fueron ametrallados indefensos por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y del teniente Roberto Bravo, falleciendo la mayoría en el acto, y algunos heridos fueron rematados con armas cortas en el piso. Luego, al terminar los disparos, los siete sobrevivientes son llevados a la enfermería, pero no se les presta ningún tipo de asistencia médica. Los únicos tres sobrevivientes fueron trasladados al día siguiente a Puerto Belgrano, donde fueron intervenidos.8
La versión oficial del suceso indicaba que se había producido un nuevo intento de fuga, con 16 muertos y tres heridos entre los prisioneros, pero sin bajas en las filas de la Marina.
La misma noche del 22 el gobierno sancionó la ley 19.797 que prohibía toda difusión de informaciones sobre organizaciones guerrilleras. En los días sucesivos, hubo manifestaciones en las principales ciudades de la Argentina, y numerosas bombas fueron colocadas en dependencias oficiales como protesta por la matanza.
Juan Domingo Perón calificó la masacre de «asesinato».9
Los fallecidos fueron:
Heridos que lograron sobrevivir:
El parco comunicado oficial del gobierno al respecto fue brindado a la prensa por el contralmirante Hermes Quijada, jefe del Estado Mayor conjunto, quien a los pocos meses, el 30 de abril de 1973 fue asesinado a balazos en el céntrico barrio del Congreso (ciudad de Buenos Aires) por Víctor José Fernández Palmeiro del ERP (alias "el gallego") desde una motocicleta, quien a su vez cayó muerto por los disparos del chofer del militar.
En líneas generales, la explicación del gobierno mencionaba que al realizar el jefe de turno (capitán Luis Sosa) una recorrida de control en el alojamiento de los presos, mientras éstos se encontraban en un pasillo, fue atacado por la espalda por Mariano Pujadas, quien habría logrado sustraerle su pistola ametralladora. Escudándose en el oficial los presos intentaron evadirse, pero el marino logró liberarse y fue atacado a tiros, resultando herido. En tal circunstancia -y siempre según los dichos del almirante- la guardia contestó el fuego contra los reclusos y se inicia así un intenso tiroteo, con los resultados conocidos: de los 19 reclusos, 16 fueron muertos y 3 heridos graves. Las obvias preguntas al respecto que realizaron los periodistas ante esta inverosímil declaración no fueron respondidas. Inclusive cuando se le preguntó si el capitán Sosa estaba realmente herido, el almirante Quijada respondió: "No puedo contestar. Es secreto de sumario".

Responsabilidades y consecuencias

El Trelewazo, ocurrido el 11 de octubre de 1972, tuvo como objetivos liberar a los detenidos en el penal de Villa Devoto por la "Operación Vigilante" y justicia por las víctimas de la Masacre
Graffiti cerca del aeropuerto viejo.
Las versiones más documentadas de los confusos episodios que derivaron en esta tragedia coinciden en que la decisión de ejecutar a los prisioneros fue tomada por las autoridades de la Armada, sin el consentimiento expreso del gobierno del presidente Lanusse, quien luego no tuvo más alternativa que asumir la responsabilidad por los hechos.
Fue muy elocuente en tal sentido el discurso pronunciado el 5 de septiembre de 1972, a pocos días de la masacre, por el entonces capitán de navío Horacio Mayorga en la misma Base Aeronaval Almirante Zar donde ocurrieron los hechos, y frente a todo el personal de esa dependencia: “No es necesario explicar nada. Debemos dejar de lado estúpidas discusiones que la Armada no tiene que esforzarse en explicar. Lo hecho bien hecho está. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa. La muerte está en el plan de Dios no para castigo sino para la reflexión de muchos”
Por parte de las organizaciones guerrilleras, existió desde el primer momento el convencimiento de que la matanza fue un hecho planificado y decidido por los máximos exponentes del gobierno, es decir, la Junta Militar. La consigna que inmediatamente adoptaron las fuerzas insurgentes después de conocido el fusilamiento fue: La sangre derramada no será negociada. En tal sentido, durante los meses siguientes se produjeron gran cantidad de hechos de violencia en venganza por los caídos de Trelew.
Años más tarde, en una versión alternativa comentada por el brigadier general Carlos Rey (integrante de la mencionada Junta) al historiador Robert Potash, el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea asegura que el lamentable suceso fue "...un atroz accidente motivado por la tensión, el miedo y el exceso de celo en la seguridad".
En tanto en su libro "Mi testimonio", el Gral. Lanusse ratificó la versión oficial original, haciendo mención a que el 16 de agosto le había ordenado al general Eduardo Ignacio Betti, comandante de la IX Brigada, que los detenidos fueran trasladados de la base aeronaval a la cárcel de Rawson, "por no tener la base de Trelew instalaciones adecuadas ni personal capacitado para su vigilancia". Según el propio Lanusse, tal orden no fue cumplida, aseverando que "los trágicos hechos del 22 de agosto ponían en evidencia que mis temores habían sido lamentablemente acertados".
La cadena de mandos al tiempo de la masacre y los principales actores involucrados en ella fueron:
  • Teniente General Alejandro Agustín Lanusse - Presidente de facto y comandante en jefe del Ejército
  • Almirante Carlos Guido Natal Coda - Comandante en jefe de la Armada
  • Brigadier General Carlos Rey - Comandante en jefe de la Fuerza Aérea
  • Contralmirante Hermes Quijada - Jefe del Estado Mayor Conjunto (asesinado luego en venganza)
  • General de Brigada Eduardo Ignacio Betti - Jefe del operativo militar en la zona de emergencia
  • Capitán de navío Horacio Mayorga - Jefe de la Base Aeronaval Almirante Zar
  • Capitán de fragata Luis Emilio Sosa - A cargo de la Base Aeronaval al momento de la tragedia
  • Teniente de corbeta Roberto Guillermo Bravo - Oficial superior, presente durante los hechos
  • Arturo Mor Roig - Ministro del Interior (asesinado en 1974 por Montoneros)
  • Jorge V. Quiroga - Juez de la Cámara Especial (asesinado luego en venganza)
No obstante todas las contradicciones y las diferentes versiones de los sucesos, la matanza de Trelew es considerada por estudiosos de la historia argentina de la época, como el hecho inaugural del terrorismo de estado como metodología sistemática para luchar contra las organizaciones políticas armadas, sin las limitaciones que impone la ley.

2012: Fallo de la justicia

El 15 de octubre de 2012 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas. La sentencia se leyó en el centro cultural "José Hernández" de Rawson, donde se desarrolló el juicio desde mayo del mismo año, en una sala en la que había familiares y compañeros de los fusilados, junto a veteranos militantes chubutenses de la solidaridad con los presos políticos.
El Tribunal absolvió a Rubén Paccanini, para quien se habían pedido dos años de prisión, y a Jorge Bautista, acusado de encubrir los crímenes. También dispuso reiterar el pedido de extradición de Alfredo Bravo, con residencia en Estados Unidos, y declarar a los crímenes cometidos de "lesa humanidad". El fiscal federal de Rawson, Fernando Gelves, manifestó su disconformidad con las dos absoluciones y dijo que las apelaría.10 Los encontrados culpables permanecerán libres hasta que la condena tenga sentencia firme.