RIO GRANDE.- En la cuarta sesión ordinaria que llevó adelante el Concejo Deliberante de esta ciudad, se aprobó un proyecto de ordenanza que establece sancionar a todo aquel funcionario que no conteste pedidos de informe que se soliciten desde el Concejo Deliberante.
La ordenanza, que fue presentada por el bloque unipersonal del concejal Alejandro Nogar, se fundamenta en la gran cantidad de pedidos de informe que no han sido respondidos por el Ejecutivo municipal, situación que impide el normal funcionamiento del cuerpo legislativo en el control político.
Según el autor de la ordenanza, "lo que se intenta, es zanjar la desobediencia de aquel funcionario que obstruya, con su proceder, el normal funcionamiento del poder legislativo municipal, porque, si no nos contestan los pedidos de informe, se traba la labor normal de los concejales".
Según se supo, esta ordenanza tiene como objetivo establecer y determinar una sanción de multa al funcionario municipal que no conteste una vez vencido el plazo los pedidos de informes aprobados por el voto de la mayoría de los concejales en ejercicio del Artículo 89 y 98 de la Carta Orgánica Municipal.
Indica además que, una vez vencido el plazo, y ante la ausencia de una respuesta por el funcionario a cargo de la misma, quedan facultados, en la posterior sesión ordinaria, cualquiera de los ediles, a solicitar la imposición de la sanción de multa; la que deberá ser aprobada mediante el voto de la mayoría simple de los presentes.
En cuanto a la multa impuesta por el Concejo Deliberante, se establece que se deberá respetar los siguientes porcentajes: en la primera oportunidad en que sea sancionado el funcionario, sólo podrá imponerse sobre el 10% de los haberes remunerados por sus funciones en el Municipio de Río Grande y, ante la reincidencia en la infracción. Sin embargo, ese porcentaje se elevará a un 20% de los haberes remunerados por sus funciones en el Municipio de Río Grande, el que será impuesto mientras se mantenga en la infracción establecida en esta ordenanza.
Explica además que, toda retención de los porcentajes establecidos serán retenidos directamente de las remuneraciones que sean abonadas por el Municipio al funcionario público en infracción y esas sumas serán retenidas por la Dirección de Haberes del Departamento Ejecutivo Municipal como objeto de las multas impuestas al infractor. El total de esos montos deberán servir de subsidios para el hogar de ancianos San Vicente de Paul, de la ciudad de Río Grande.
Finalmente, esta sanción sólo podrá ser levantada una vez presentado por los carriles oficiales la contestación del pedido de informe solicitado remarcando que la mera promesa, ya sea por escrito o verbal, no será tomada en cuenta a los fines de esta ordenanza.