La gobernadora recibió el oficio que expresa la necesidad de rever el sistema electoral


 Ushuaia, 30 de agosto.- La gobernadora Fabiana Ríos recibió el oficio número 6855 de la Cámara Nacional Electoral, donde ponen en conocimiento la acordada N° 100/15 emitida el pasado 20 de Agosto.  En la misma  se agradece la participación de los ciudadanos como autoridades de mesa y se da detalles sobre los reiterados pedidos de dicha cámara al Poder Legislativo respecto a la necesidad de rever algunas cuestiones del  sistema electoral.”  En el mismo sentido sostienen la vigencia de los expresado en el año 2009, “lamentablemente los poderes políticos no han atendido estos requerimientos”.
 
Los miembros del Tribunal destacan que luego de las últimas elecciones nacionales celebradas el pasado 9 de agosto, “corresponde dar cuenta de elementos del régimen legal vigente, cuya revisión el Tribunal ya ha requerido en otras ocasiones, para la consolidación de la integridad electoral”.
 
Sin poner en dudas la legitimidad de los comicios pasado, aclaran  que estas observaciones, “no suponen la necesidad de reformas legislativas” para las elecciones del mes de octubre,  ya que “alterar la estabilidad del orden legal durante un mismo proceso electoral, puede, incluso, producir más daños que beneficios”.
 
Sostienen la necesidad de que se analicen, “posibles adecuaciones normativas que fortalezcan la calidad y la transparencia de los procesos electorales”, cuestión planteada ya en la Acordada  número 77 del año 2009. Siendo imperioso el debate sobre, “el instrumento utilizado para expresar a voluntad del lector”.
 
En el año 2007 se advertía que era el momento de “reflexionar sobre otro sistema de votación, el de boleta única suministrada por este Tribunal electoral, que se utiliza en nuestra país para los electores privados de la libertad y para los argentinos residentes en el exterior”.
 
Ya en ese entonces se hacía referencia a las multiplicidad de candidatos, cantidad de boletas y los contratiempos generados, como motivos para abrir un debate sobre, “los medios instrumentales que el régimen jurídico establece para canalizar la oferta electoral y ejercer el derecho del sufragio”. Esta advertencia fue reiterada en los fallos de la Cámara nacional Electoral de los años 2008, 2009, 2011 y 2013.
 
Sumado a lo antes expuesto, se agrega que en las elecciones del año 2015, “aunque las definiciones de muchas cuestiones puede hallar solución razonable dentro del marco legal vigente, difícilmente pueda encontrarse una respuesta ideal mientras subsista el sistema actual”.
 
También se hace referencia a que es el Poder Legislativo el único encargado de “evaluar el métodos más adecuado para que el elector emita su voto”  y hace la salvedad sobre las opciones tecnológicas, las que “no pueden implicar una transferencia, ni una dependencia, del poder público respecto de empresas comerciales” ya que “la soberanía política no se puede privatizar”.
 
Los integrantes del Tribunal pone especial atención a lo sucedido en el año en curso donde se desarrollaron “múltiples actos electorales en los diferentes órdenes de gobierno, nacional, provincial y local, que al celebrarse en diferentes fechas, con regímenes también disimiles, y bajo tutela de organismos locales que no tienen ningún vínculo con los nacionales, impiden la aplicación homogénea de garantías constitucionales vinculadas con el carácter universal e igual del sufragio, y con la responsabilidades de transparencia patrimonial de los partidos políticos”. 
 
También se destaca que, “las dificultades de orden institucional, jurídico y material, lo genera el hecho de que las provincias lleven a cabo sus comicios en forma separada de los procesos electorales nacionales”. Considerando que “convocar al electorado a participar, bajo regímenes diferentes, en una multiplicidad de actos electorales, produce una serie de efectos negativos”.
 
Esto genera la “falta de previsibilidad sobre la fecha de las elecciones provinciales y locales, marcada disparidad de estándares en aspectos esenciales como la definición del cuerpo electoral, las normas de publicidad y control del financiamiento partidario y en los criterios de asignación de aportes públicos o espacios en medios de comunicación para las campañas electorales”.
 
En relación a las rendiciones de cuentas de las agrupaciones políticas, en el año 2010, la Cámara nacional electoral, invitó al Poder Legislativo nacional que “contemple un régimen integral y unificado de control patrimonial, invitando a las provincias a adherir al mismo”.
 
En el mismo sentido en el año 2013, “se requirió al Congreso de la Nación que actúe en coordinación con los legislaturas   provinciales, para perfeccionar la regulación de la publicidad de los actos de gobierno durante el desarrollo de los procesos electorales”. 
 
En cuanto a los tiempos establecidos a nivel nacional para las PASO y las elecciones generales, manifiestan que la cercanía temporal, “produce serias complicaciones en el desarrollo del escrutinio definitivo”.
 
También se advirtió al Poder legislativo nacional sobre la necesidad de revisar la regulación en materia de plazos electorales y a la difusión de encuestas y sondeos de opinión. Por otra parte, recordó la noción de “integridad electoral, la que comprende el derecho de los votantes a tener la misma oportunidad de participar en los debates públicos” a través del acceso a medios de comunicación independientes y variados.
 
Refiriéndose a los debates presidenciales sostienen que, “contribuyen al logro efectivo del mandato constitucional que garantiza la difusión de las ideas de las agrupaciones políticas”, fortaleciendo, “la integridad y   legitimidad de los procesos electorales”.
 
Esta acordada fue enviada al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo Nacional, con el fin de que “consideren la formulación de soluciones adecuadas para consolidar la integridad de los procesos electorales” a la vez que se puso en conocimiento a los poderes ejecutivos y legislativos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
La misiva lleva la firma de loa doctores Santiago Hernán Corcuera, Alberto Ricardo Dalla Via y Rodolfo Emilio Munné, actuando como Secretarios de la Cámara doctores Hernán Goncalves Figueiredo y Sebastián Schimel.