Le legisladora Miriam Martínez (FPV) dijo que “no le caben dudas que es el intendente Gustavo Melella, quien impulsa” la insistencia de la ley vetada que crea el fondo municipal con recursos de la Tasa de Verificación Productivos. Además criticó que de un presupuesto municipal de $ 1400 millones sólo se destinen 100 millones a obra pública.
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En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, Martínez le adjudicó a Melella la autoría intelectual de la ley vetada por el Ejecutivo Provincial que afecta parte de la recaudación de las Tasas Retributivas de Servicios de Verificación de Procesos Productivos para la constitución de un fondo a favor de los municipios de Ushuaia y de Río Grande.
Martínez aseguró que su versión se terminó de confirmar cuando quien presentó el proyecto en la Legislatura –Laura Rojo- fue confirmada por Melella como próxima integrante de su gabinete municipal.
“Saben que no se puede pagar por tasas de verificación porque si coparticipamos esos fondos deja de ser una tasa por un servicio y puede ser pasible de demanda por quienes la tributan y la provincia podría perder 700 millones de pesos”, dijo.
La presidente del bloque del FPV le enrostró a Melella que de los 1400 millones de pesos del presupuesto Municipal de Río Grande, “sólo $100 millones son destinados a obra pública”.
Además la parlamentaria criticó la decisión de dictar un cuarto intermedio en la sexta sesión ordinaria. Para Martínez se buscó una excusa desde la UCR y el MPF para levantar la sesión porque no se contaba con los votos necesarios para insistir las leyes vetadas por la Gobernadora la semana pasada.
La sesión se levantó después que por la Secretaría Legislativa se leyó un decreto firmado por la Gobernadora Fabiana Ríos en la que se informaba sobre la licencia médica de la Mandataria, lo que implicaba dejar a cargo del Ejecutivo Provincial -de manera provisoria- al legislador Juan “Pipo” Rodríguez.
“Son antidemocráticos, quieren imponer su voluntad a cualquier costo. Sabían que no tenían los votos para insitistir los vetos y aprobar el presupuesto”, sostuvo.
Martínez recordó que en la sesión pasada, se presentaron 5 proyectos de ley sobre tablas “con un impacto económico” importante y dijo que es tratar "por estúpidos" a los parlamentarios por iniciativas que se “presentan a escondida de la gente”.
Allí recordó el caso del “incentivo de dedicación exclusiva que involucra a toda la planta del Ministerio de Trabajo y tiene un impacto de 20 millones” pesos anuales. “Ellos imputan el gasto pero vos no tenés el recurso, eso es sacarle el pan de la mesa a los trabajadores y a los jubilados porque acá no hay plata porque el Estado está desfinanciado”, sostuvo. Y agregó: “El Gobierno está cobrando todo lo que puede en materia de recaudación para pagar los salarios y las jubilaciones”.
Martínez criticó la ley impulsada por la legisladora Rojo que plantea la constitución de un fondo a favor de los municipios para la realización de obras.
“Me quiero detener en este proyecto vinculado con la tasa de procesos productivos de la pesca porque se trata de algo que no es coparticipable. Es una tasa de servicios en donde vos tenés que tener una contraprestación. La provincia recauda todos los años en ese concepto aproximadamente 700 millones de pesos. Si vos tenés que coparticipar a los municipios -como dice el proyecto- serían unos 220 millones pesos para Ushuaia y Río Grande”, resaltó.
La parlamentaria recalcó que se dejó afuera del proyecto a Tolhuin. “En forma discriminatoria dejaron afuera a la localidad de Tolhuin como si allí no necesitaran nada. Los contribuyentes que son los pagan esta tasa van a decir que se está cobrando como un impuesto por que se les está coparticipando a los municipios y por eso van a pensar que están violando la ley de coparticipación. Podrían iniciar demandar a la provincia que significaría perder 700 millones de pesos”, estimó Martínez.
“En la provincia tenemos una ley de coparticipación pensada en Municipios y provincia que es de la época del territorio. El gobierno nacional te remite la coparticipación a los municipios y al territorio”, recordó la parlamentaria.
“Podríamos tener problemas tremendos legales de impugnaciones y también no se olviden del fallo (judicial) que existe en torno de las pesqueras”, advirtió.
“Nos están esperando. Si le damos la oportunidad ellos van a dejar de aportar estos otros montos que la provincia recauda por el revolving y regalías que es para pagar los salarios, jubilaciones y los servicios esenciales de la provincia. Si uno piensa que en una sesión, una legisladora iluminada, presentó este proyecto sin tener una influencia política, eso es tratarme de estúpida”, resaltó.
FUENTE: Reporte Austral