jueves, 30 de marzo de 2017

EL JURISTA EDUARDO BARCESAT CALIFICÓ DE “ESCENA DE USURPACIÓN INSTITUCIONAL” EL AVANCE DEL GOBIERNO PROVINCIAL SOBRE LA AUTONOMÍA DE LOS MUNICIPIOS

Impuesto inmobiliario

           




En el marco de la conferencia sobre Autonomías Municipales que se desarrolló este jueves en el Museo Municipal Virginia Choquintel de la Ciudad de Río Grande, el reconocido constitucionalista Dr. Eduardo Barcesat calificó de  “escena de usurpación institucional” el avance del Gobierno Provincial sobre la autonomía de los Municipios. “Yo creo que es bastante claro el tema desde el punto de vista jurídico en el sentido que las leyes provinciales recientemente sancionadas relacionadas al cobro del impuesto inmobiliario son franca y groseramente inconstitucionales”, expresó.
           
En este sentido, declaró que “estas normas demuestran una pésima técnica legislativa” y aseguró que “no hay tribunal que respete la racionalidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales que pueda convalidarlas”.
           
“Lesionan la Constitución Provincial y lesionan la Constitución Nacional” detalló el jurista y subrayó que “en estas condiciones hablar que hay leyes de esta naturaleza cuando la Legislatura Provincial debe ser el primer peldaño del control de constitucionalidad demuestra que también se ha avasallado la división de poderes”.
            
“En definitiva, lo único que ha hecho la Legislatura Provincial es convalidar un dictado de la actual Gobernadora y esto francamente es un paso más del ya bastante transitado deterioro institucional argentino”, evaluó.
          
  Asimismo, Barcesat reconoció que “en toda mi trayectoria afortunadamente no he conocido antecedente en el país de casos como este, por lo que Tierra del Fuego tiene el triste privilegio de ser la primera provincia en enfrentar una situación así”.
           
“Si en realidad es un problema económico podemos ilustrar al Gobierno Provincial por dónde deberían ir sus inquietudes y por donde debería cumplir con su mandato que es reclamar la coparticipación del 15 por ciento que fuera detraída a las provincias y que la Corte ha reconocido en un fallo bastante reciente del año 2015”.

            
“Que el Gobierno vaya a reclamar fondos allí que es lo que corresponde y que no pretenda quitarle competencias a los que siempre han ejercitado la facultad de percibir la contribución inmobiliaria”, concluyó.

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