LA PLATA, El gobernador Daniel Scioli adelantó que realizará una ?corrección? para moderar las exigencias a los desarrolladores inmobiliarios y a los propietarios de terrenos baldíos que establece el proyecto de Ley de Acceso Justo al Hábitat que debería ser sancionado en los próximos días por el Senado provincial.
Según informaron de manera oficial ayer a la tarde, una vez reglamentada la ley los empresarios con grandes proyectos urbanísticos no tendrán la obligación de ceder tierras cuando los municipios aumentan el valor de sus tierras al declararlas zonas urbanas. Pero sí quedaría vigente la contribución económica a la comuna de un porcentaje de la valorización del terreno.
Tras algunas idas y venidas respecto de la posibilidad de vetar parcialmente la ley o consensuar modificaciones, la Jefatura de Gabinete bonaerense dio un comunicado para zanjar la polémica: "El Poder Ejecutivo, al momento de la reglamentación, establecerá que no se verán afectados ni violados ninguno de los derechos adquiridos, ni el derecho a la propiedad", sentenció el gobierno.
Sin embargo no hubo precisiones sobre las posibilidades de expropiaciones para los propietarios de terrenos baldíos. Para ellos el gobernador desistió de actualizarles el valor fiscal de los terrenos en el proyecto de reforma impositiva que se tratará mañana en la Legislatura porque la Ley de acceso Justo al Hábitat ya establece un plus del 50% sobre ese tributo. ?De esta manera, se pretende evitar una desmesurada carga tributaria sobre las mismas y contribuir, una vez sancionada la ley, a la creación del fondo fiduciario que financiará la erradicación y urbanización de asentamientos en la provincia?, se aclaró en el comunicado.
Además de la suba impositiva para un Fondo Fiduciario destinado al fomento de nuevos hogares, entre otros puntos, la norma a punto de sancionarse establece que los terrenos baldíos que estén sin edificar o cuyas obras se encuentren paralizadas por más de 5 años podrán ser sujetos a expropiación y la parcela destinada a la construcción de viviendas sociales.
Según cifras difundidas por el municipio de General Pueyrredon y publicadas en la edición de ayer de LA CAPITAL, en el ejido de Mar del Plata hay unos 21 mil terrenos baldíos sobre una superficie total de 7.900 hectáreas y, de esa cantidad, más de 370 lotes están ubicados en el macrocentro.
Por otra parte, prevé que emprendimientos inmobiliarios de más de 5 mil metros cuadrados, como clubes de campo, barrios cerrados, cementerios privados o grandes comercios y cadenas de supermercados, cedan el equivalente entre el 10 y el 33% en tierras o en dinero.
El argumento del proyecto es que es el municipio quien aporta valor a los terrenos cuando posibilita el uso y la urbanización de terrenos para emprendimientos, por ejemplo cuando un área rural pasa a ser urbana, se autorizan determinadas edificaciones o a través de obra pública.
Equilibrio sciolista
Durante la jornada de ayer un equipo de funcionarios del Ministerio de Economía, de Infraestructura, de Gobierno, la Secretaría Legal y Técnica, y ARBA, encabezados por el Jefe de Gabinete provincial Alberto Pérez, se reunieron para medir el impacto de la Ley de Hábitat Social.
?Durante el encuentro se trabajó para encontrar un equilibrio entre los emprendimientos productivos y las soluciones al déficit habitacional como propone el proyecto de ley?, informaron mediante un comunicado oficial, donde además destacaron que ?siguiendo el espíritu del proyecto de Ley, pero remarcándolo taxativamente, el Poder Ejecutivo, al momento de la reglamentación, establecerá que no se verán afectados ni violados ninguno de los derechos adquiridos, ni el derecho a la propiedad?.
Horas antes, en declaraciones radiales, el gobernador Daniel Scioli había dicho que no descartaba la posibilidad de aplicar un ?veto parcial? a la ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que en noviembre debe ser tratada en el Senado.
?Puede haber algún cambio y que la ley vuelva a Diputados, o puede haber algún veto parcial?, dijo Scioli ayer por la mañana. ?Que quede claro que no se viola la propiedad privada y los derechos adquiridos. Si en algún caso haya que hacer una corrección, están los mecanismos para que consensuemos sin que sea motivo de una puja política y comprendamos que la familia que no tenga una solución habitacional pueda acceder; pero también que es necesario que se sigan llevando adelante emprendimientos y atrayendo inversiones. La inversión privada es importante para generar trabajo como grandes emprendimientos inmobiliarios?, completó.
Estas declaraciones del gobernador disgustaron a referentes del kirchnerismo puro que de inmediato salieron a rechazar la alternativa del "veto parcial" (ver aparte).
Pero en realidad la postura de Scioli había sido anticipada días atrás por dos senadores de la agrupación afín La Juan Domingo que, por un lado, consideraron que la ley sería ?perjudicial? para el mercado inmobiliario y, por el otro, entendieron que hay muchos artículos que deben ser legislados en los consejos deliberantes.
Lo cierto es que desde su presentación en la Legislatura bonaerense el pasado 27 de septiembre, la iniciativa que busca modificar un decreto ley de la última dictadura no ha parado de generar polémica.
El proyecto de los diputados de Unidos y Organizados, Alicia Sánchez (del Movimiento Evita y esposa de Luis D' Elía), Alberto España (La Cámpora) y Marcelo Saín (Nuevo Encuentro) que intenta dar respuesta al déficit habitacional, es criticado tanto por algunos legisladores sciolistas y de la oposición como por emprendedores inmobiliarios. Los críticos consideran que una norma de estas características podría afectar la actividad de los inversores y que ?avasalla la propiedad privada?.
En ese sentido Scioli recordó ayer que el decreto-ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de 1977 ?ya exigía a los desarrolladores parte de sus tierras y aquí puede ser que se está sumando o superponiendo con lo del 10% que se está exigiendo?. Por eso, el gobernador pidió ?que se haga una reunión técnica para evaluar y encontrar un equilibrio entre llevar adelante planes sociales de vivienda y que la Provincia siga recibiendo inversiones, además de que quede garantizada la propiedad privada", subrayó. Y añadió: "No pueden quedar dudas en que se respeta (la propiedad privada)" pero a la vez "nadie va a ser sorprendido porque se le va a exigir que tenga que ceder algo".
Tras la reunión se habría resuelto que el Gobierno provincial vete algunos artículos de este decreto-ley referidos a las exigencias de ceder tierras para accesos de tránsito y forestación, más allá de los modificados por la nueva norma.
Ayer el gobernador quiso llevar serenidad a los inversores y propietarios: "no deben quedar dudas de que se respetará el derecho de la propiedad privada. Quiero llevar la tranquilidad de que todo se va a manejar con total racionalidad. Puede haber una percepción de que la clase alta y los ricos viven en los countries pero esto ha cambiado en los últimos años, muchas familias de clase media se han mudado a distintos tipo de emprendimientos. Por eso debe imperar el sentido común en este tema?, señaló.
Déficit habitacional
En los fundamentos de la iniciativa se destaca que en los últimos años ?ha aumentado el déficit de suelo urbano y viviendas para sectores sociales medios y bajos?, al tiempo que ?se ha acrecentado y densificado la población que habita en villas y asentamientos?.
En el proyecto se menciona además la ?fuerte concentración de la renta urbana que se materializa a través de la realización de prácticas especulativas por parte de los desarrolladores y propietarios, lo cual da como resultado una gran cantidad de inmuebles deshabitados y terrenos baldíos aptos para ser edificados pero que se encuentran retenidos a la espera del aumento del valor del suelo?.
El 18 de octubre la iniciativa fue aprobada por mayoría en Diputados con el voto del oficialismo y gran parte de la oposición, excepto los 6 legisladores denarvaístas que integran el bloque Unión Celeste y Blanco.
El lunes, referentes del sciolismo se manifestaron en contra del proyecto tal como salió de Diputados. Fue el senador bonaerense de ?La Juan Domingo?, Osvaldo Goicoechea, quien aseguró que su espacio no acompañará el proyecto si no se elimina la obligación de la contribución del 10% a los municipios porque, según el legislador, ?eso lo debe establecer cada gobierno comunal?.
?No estamos de acuerdo con la disposición que exige una contribución obligatoria para los emprendimientos inmobiliarios y vamos a pedir que se modifique ese aspecto del proyecto?, indicó Goicoechea, y añadió: ?De otra forma, no vamos a acompañarlo con el voto. Ese artículo recorta facultades a los municipios?.
Con el anuncio de ayer, la Gobernación apuntó además a evitar ?pujas políticas? internas. Trascendió que ayer mismo hubo contactos con referentes cercanos al vicegobernador Gabriel Mariotto y con el titular de la Cámara de Diputados provincial Horacio González, con quienes los referentes sciolistas habrían llegado un acuerdo para convertir en ley la iniciativa con las "correcciones" apuntadas.
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