La Justicia se arrodilló ante la mafia política



  • Victoria Donda Pérez
  • Por Victoria Donda Pérez



Diez años esperamos la sentencia que la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumándio a conocer ayer por “secuestro y promoción a la prostitución” de Marita Verón. Fueron diez años de lucha de su madre, Susana Trimarco.

 Lo que esta década de su lucha nos puso en evidencia es que detrás de la desaparición de Marita Verón y de todas las Maritas, que como ella son desaparecidas y forzadas a la prostitución por las redes de trata en la Argentina, se encuentra un fenomenal entramado de complicidades mafiosas.
Políticos, jueces, funcionarios policiales y de otras fuerzas, poderosos todos, están al servicio de un negocio que a escala mundial ya ocupa el segundo lugar en ganancias entre el trafico de armas y el de drogas. La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual tiene una dimensión tan brutal que es difícil de calcular.
Por otro lado, nunca en la historia estas mafias han podido sobrevivir sin la complicidad sistemática de los poderosos. Se necesita la participación del Estado en todos sus estratos y niveles para que las redes de trata desplieguen el tráfico y explotación de mujeres a la vista de todos y con semejante impunidad garantizada.
Ya nadie lo duda, porque la evidencia es irrefutable. Por eso la sentencia que ayer escuchamos, que absuelve a los/as trece imputados/as en el secuestro y desaparición de Marita Verón, por unanimidad, dato no menor, nos dejó sin palabras.
Y al mismo tiempo y paradójicamente, no debería extrañarnos. Este fallo vergonzoso, que lastima, no hace más que confirmar las complicidades que se montan detrás de este flagelo.
Decenas de testigos declararon en el juicio acerca de la explotación sexual y secuestro de Marita en manos de la red que manejaban los trece imputados, con participaciones diversas, pero conectados entre sí para garantizar la impunidad de su delito.
La impunidad sigue vigente en manos de una Justicia subordinada al poder político. Por un lado, al poder político tucumano, que viola sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres y que, como dejó en evidencia la lucha de Susana Trimarco, también fue cómplice de la desaparición de Marita. Por otro, al poder político nacional, que no da una efectiva y definitiva respuesta a la trata de mujeres.
Espero que como sociedad no seamos necios y no equivoquemos la verdadera cara del enemigo. La Justicia tucumana es sin dudas repudiable. Pero para que la lucha de estos diez años y la lucha de los años que aún vendrán no sea en vano, no podemos ni debemos quitar la mirada sobre la responsabilidad del poder político.