USHUAIA.- Cada vez que el secretario de la Jefatura de Gabinete de la Provincia, Daniel Ravaglia, buscó definir un tema, en realidad lo hizo en nombre de la gobernadora Fabiana Ríos.
Lo cierto es que el gobierno busco quebrar "La declaración de Río Grande" que en un principio se interpretó como un acuerdo político y que luego se volvió a foja cero.
Cuando la gobernadora Ríos se enteró que la "declaración de Río Grande" había actuado como disparador para frenar el fallo judicial, puso el grito en el cielo y ordenó minar el "acuerdo" provisorio.
El encargado de salir públicamente a descalificar lo que había firmado el ministro Aramburu, fue Ravaglia, que en dúo con el propio ministro se encargaron de la orden mayor.
Después sobrevino la nueva reunión en sede judicial y Fabiana Ríos se mostro proclive al "acuerdo político" se reunió , hablo con la prensa, con los cortesanos y con los intendentes, pero nada más desde esas declaraciones, hasta hoy que vence el plazo, nada se hizo.
Hubo una reunión entre los intendentes y el gobierno a medias, es por eso que los intendentes entendieron el mensaje "No hay acuerdo hasta que la Justicia falle".
En tribunales también decodificaron el mensaje del Gobierno, es por eso que una alta fuente judicial dijo que "estamos trabajando en el fallo, porque no tenemos más esperanza en un acuerdo político" dijo uno de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia.
Lo cierto es que hoy la Justicia deberá hacerse cargo del tema, si el fallo es contra los municipios y el gobierno pide la aplicación de la Ley con la quita del 25 %, la apelación será la herramienta que le permitirá a los municipios ganar tiempo "podemos estar más de tres años, dando vueltas en la justicia" dijo una fuente del municipio de Ushuaia, que ya tiene un estudio "extra provincial" analizando el tema.
De todos modos hay legisladores que entienden que más allá de lo que diga la Justicia, el parlamento puede poner las cosas en su lugar, los intendentes deberían buscar un acuerdo legislativo y avanzar en ese sentido, está claro que el gobierno no va a dar el brazo a torcer, la salida para los municipios debe venir de la mano de un acuerdo legislativo, dijo la fuente consultada.
Lo que dijo el gobierno
Ravaglia lo dijo con todas las letras “no se llegó a un acuerdo” con los municipios y antes que se vuelva hablar de más plazo se adelanto y sostuvo que “no sería prudente” una nueva suspensión de los plazos procesales, congelados de mutuo acuerdo entre el Gobierno y los municipios hasta hoy".
El funcionario manifestó que “no se llegó a un acuerdo y no se hicieron públicas más que algunas intenciones”, y recordó que “la gobernadora había dicho que el acuerdo se iba a basar en una coincidencia en la interpretación de la ley 648” pero “lamentablemente hasta ahora no pudimos llegar a esa coincidencia”.
En tanto, si bien observó que “tenemos 24 horas más para presentar en la Justicia algún tipo de acuerdo”, dijo que “me parece que no se va a alcanzar nada y la Justicia deberá decidir qué es lo que dice la ley 648”.
Para Ravaglia “el tema de los roles y de las jurisdicciones para la administración de los recursos se puede acordar independientemente de la interpretación judicial”, en tanto que “el fallo debe estar dirigido hacia qué es lo que dice la 648 y en ello no nos pusimos de acuerdo”.
“De todas maneras no es que la Justicia tiene que emitir un fallo mañana (por hoy), si no que se va a ‘suspender el suspenso’ y volverán a correr los plazos para que el STJ dicte sentencia, y no sé desde lo formal, cuánto tiempo llevará eso”.
Del mismo modo, planteó que “desde mi punto de vista no sería prudente seguir extendiendo los plazos porque la interpretación de la ley no trae consecuencias gravosas”, al punto que “tanto los intendentes como la gobernadora saben que esto no trae consecuencias para la población en general” ya que “lo único que cambiaría es el administrador de los fondos públicos que deben ser dirigidos hacia la población”.
En esa línea, enfatizó que el Superior Tribunal de Justicia “dirá lo que tenga que decir sobre la interpretación de la 648 y después se acomodarán algunas cuestiones”.
Finalmente, Ravaglia indicó que si bien “estamos convencidos que la ley dice que el 25% para financiar a la Educación debe salir previo a la coparticipación a los tres municipios, y ellos sostienen otra cosa”, en realidad “en ningún lugar dice que ese dinero no se debe destinar a brindar servicios a la comunidad”.
"Realmente va a ser un caos"
Para el edil radical Alfredo Guillén en caso de aplicarse la Ley 648 como quiere el gobierno “va a ser caos social para todos los riograndenses”, y estimó en 150 millones la quita de fondos para el Municipio. Para Guillén habrá consecuencias directas que afectarán los servicios públicos por la merma del presupuesto municipal.
En declaraciones a la prensa, el edil se refirió al trabajo que se realiza en comisión para llegar antes de fin de año con el presupuesto municipal aprobado, una tarea imposible en este momento, hasta que se pueda saber con qué fondos van a contar. “Está en discusión si todo este trabajo va a ser positivo o va a ser en vano. Si el día 4 (fecha de vencimiento del último plazo dado por la justicia) no se han puesto de acuerdo las partes, gobierno y municipios, y el día 6 la justicia resuelve sorpresivamente a favor del gobierno de la provincia, significa que todo lo que hemos hecho en la comisión no sirve de nada”, consideró.
Precisó que el cambio de interpretación de la ley 648 “significa un 25% menos del presupuesto, aproximadamente van a ser 150 millones menos, para un presupuesto de 680 millones”.
“Imaginen el caos social que eso puede significar para todos los riograndenses, porque empezamos a hablar de no potabilizar el agua; de no hacer barrido y limpieza; de tener que echar gente, sacar empleados municipales, porque por carta orgánica no se puede disponer más del 50% en sueldos”, recordó, por lo cual una quita del 25% de ingresos tendría repercusión equivalente en un eventual achique de la planta.
“En el Concejo Deliberante vamos a echar gente, en el Tribunal de Cuentas, el Juzgado de Faltas”, anticipó, además de decirle a los vecinos que se olviden del plan de urbanización, porque no habrá fondos para pavimentar ni tender redes de servicios. Mientras el cambio de interpretación pone en jaque a los municipios, esta quita “para los 600 millones de déficit anual que tiene el gobierno no le sirve de nada”, señaló el edil.
Aún con esperanzas
Por su parte el presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Damián Demarco se esperanzó en que la resolución de la disputa entre el Ejecutivo provincial y los municipios por la aplicación de la ley 648 sea en el ámbito político y no judicial. Lo expresó al opinar sobre la fecha de vencimiento al nuevo plazo que dio el Superior Tribunal de Justicia para acordar posiciones y que vence hoy.
“Esperamos que de acá surja lo que corresponde, que sea resuelto en el ámbito político. La población elige a sus gobernantes para que tomen la decisiones y tenemos una responsabilidad importante que deben llevar adelante los Ejecutivos tanto provincial como municipal y deben ponerse de acuerdo”, expresó.
“Creo que hubo unos gestos importantes de parte del Gobierno y que esperamos que se sigan manteniendo y no haya ningún tipo de perjuicio para el Estado municipal que afecte directamente al vecino”; dijo en declaraciones a la prensa.
Remarcó que “seguiremos bregando para que en el ámbito político se puedan solucionar estas situaciones pero esperamos que lo que ocurra mañana no sea en perjuicio del municipio porque se van a generar situaciones que no van a poder ser evitadas en detrimento de la comunidad”.
FUENTE TIEMPO FUEGUINO.
FUENTE TIEMPO FUEGUINO.