| Tras las declaraciones de Marisa López, subsecretaria de fiscalización y control urbano de la Municipalidad de Ushuaia, sobre la existencia de pequeñas “mafias” dentro de los asentamientos, que cobran por el ingreso y hasta por seguridad, desde el barrio Las Raíces admitieron que existe una asociación civil, y que la cuota equivale a “las expensas” que se pagan por un departamento
Foto;Aji Picante
En diálogo con Radio Provincia, el presidente de la asociación del barrio Las Raíces, Cristian Riero, en principio diferenció el llamado barrio “Las Raíces Sector 4” del ámbito de su jurisdicción, dado que sería otro asentamiento diferente. Este asentamiento es citado por los funcionarios municipales junto con el barrio Dos Banderas y La Cima como los que cobran por distintos conceptos a quienes van a usurpar predios fiscales.
“Tengo que hacer una aclaración cuando hablamos del barrio Las Raíces sector 4, hablamos de un solo barrio, no de tres ni de cuatro. En relación a la denominación del barrio ‘Las Raíces sector 4’, se trata de otra organización y poco podemos decir de las otras asociaciones”, expresó.
En lo que atañe a su competencia, dijo que “nuestro barrio, a través de la Asociación de Las Raíces, como cualquier asociación o club, sí tiene una cuota social ordinaria y una cuota social extraordinaria”.
Sostuvo que esta organización está reconocida por la Inspección General de Justicia. “Estamos regidos por un estatuto y quien hace las veces de órgano de contralor es la IGJ. Desde hace siete años estamos en condición regular con la IGJ”, subrayó, dando muestra de una legalidad de la agrupación civil formada para operar dentro de ocupaciones ilegales.
Consultado acerca de por qué cobran, no respondió, y volvió a aclarar que la denuncia pública que se realiza no está referida a Las Raíces sino a otro asentamiento que toma ese mismo nombre, con el agregado de “sector 4”. “Lastimosamente usan el mismo nombre que nosotros para organizarse como barrio. De los otros barrios poco puedo decir por respeto a ellos y a sus vecinos”, se justificó.
Ante la insistencia de si conoce que existe un lucro dentro de los asentamientos y cobro por distintos conceptos, negó parcialmente estar al tanto de la situación. “No, no tengo esa información de primera mano”, fue su respuesta.
Apuntó, admitiendo que en Las Raíces sí se cobra, que “en nuestro caso se podría comparar con las expensas de un departamento, o con una especie de contribución para el autogobierno”, y subrayó que “ante la falta del Estado nosotros hacemos las veces de un autogobierno”.
Bajo esta interpretación del rol, los vecinos “autogobernados” pagarían por algún tipo de gestión a esta asociación, que no fue detallada. “No sé si eso puede someterse a la visión del resto de la ciudadanía como una especie de mafia o acto mafioso. Estamos en pleno derecho de cobrar una cuota social mensual y ordinaria, como cualquier otra asociación”, se defendió Riero.
La comparación del cobro con las expensas, plantea el manejo del asentamiento casi como el de un barrio privado, y en ningún momento Riero dio lugar a un pago “voluntario”. Por el contrario, optó por cuestionar la falta de control estatal a los abusos con los precios de los alquileres: “Si bien hoy suena esto en los medios y en los diarios, también poco se habla de la ausencia de los estados, tanto provincial como municipal, respecto de las necesidades y la injerencia que cada parte tiene con relación a los barrios. Una vez más mediáticamente se dejan de lado las cuestiones de fondo, que son habitacionales, y son responsabilidad de estos estados, porque hay un 20% de la población de Ushuaia que no tiene dónde estar”, manifestó.
“Nos vemos en la necesidad de tener que valernos de una tierra por nosotros mismos, y de organizarnos nosotros mismos para hacer lo que podamos y acercar algún tipo de beneficio a nuestros vecinos. Encima podemos llegar a ser acusados de mafiosos por tener una organización o por realizar trabajos comunitarios”, se quejó.
Para Riera “en realidad tendría que ser festejado que en los barrios se puedan realizar trabajos comunitarios, porque habla de un tejido social que está activo, de un sentido de pertenencia”, indicó, dado que en los medios también se habla de la obligatoriedad de realizar trabajos comunitarios para los que son admitidos en los asentamientos.
“En el diario mencionan que obligan a hacer trabajos comunitarios pero yo no puedo hablar de otros barrios, y la policía está investigando, el municipio también a través de la señora Marisa López. Está bien que se investiguen estas cuestiones pero ojalá también investigaran cuestiones de orden inmobiliario, de aumento de precios inescrupuloso, y que se pudieran zarandear estas cosas que involucran negociados muy grandes”, reclamó.
Consideró que los precios de los alquileres “son cuestiones que debieran ser reguladas por el estado y ojalá tuvieran el ojo fiscalizador de los estados municipales, de los poderes legislativos, tratando de hacer del hábitat un bien común y social”, concluyó.