Luego que SUR54.COM revelara hace diez días que el presidente de Vialidad Provincial, Eduardo D'andrea, solicitó un crédito de autoconstrucción en el Instituto Provincial de la Vivienda, el titular del organismo, José Luis del Giudice, emitió la Resolución 1030 que pone fin a este tipo de operatorias que fueron blanco de críticas de la opinión pública por ser ética y moralmente reprochables. Luego de D'andrea, también se conoció el caso del secretario de Jefatura de Gabinete, Daniel Ravaglia. Por declaraciones de Del Giudice se sabe que otros funcionarios también habían solicitado créditos financiados con fondos FONAVI, para familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social.
La Resolución 1030 modifica la Reglamentaria 152 para el otorgamiento de créditos de autoconstrucción para viviendas.
Del Giudice considera "conveniente, luego de reuniones llevadas a cabo en virtud de los acontecimientos de publico conocimiento, inhibir, y por lo tanto no podrán acceder a dicha operatoria, a los funcionarios públicos provinciales y municipales".
Sin objeciones legales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Notariales se resolvió:
"Incorporar al punto 2. INHIBICIONES de la Resolución Reglamentaria 152 lo siguiente: NO PODRÁN ACCEDER A LA PRESENTE OPERATORIA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO PROVINCIAL Y MUNICIPAL, COMO ASI TAMBIEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y LA FISCALIA DE ESTADO".
Los créditos a los que se anotaron funcionarios públicos de planta política del Gobierno de Ríos tienen una tasa preferencial del 7% anual, se pagan a 20 años, y califican al tener un recibo de haberes que en otras entidades son rechazados por la falta de estabilidad laboral en el cargo.