| Por decisión de la mayoría integrada por los vocales Hugo Pani y Miguel Longhitano, en reunión plenaria realizada el pasado viernes 7 de junio, dieron de baja a los dos abogados relatores de Presidencia, Dres. Messmer y Tagliapietra. Si bien en el escrito no se alude a ningún motivo, se menciona la reunión mantenida el día anterior, jueves, por un grupo de legisladores, que había elevado el pedido de cesantía.
De acuerdo a trascendidos y la especulación de los propios afectados, la baja tiene relación directa con la difusión del escandaloso crédito aprobado para Eduardo D’Andrea, presidente de vialidad provincial, por una suma de 245.800 pesos para ampliar la cocina y el baño de su casa.
No es el único funcionario en el listado del IPV que accedió o está por acceder al beneficio de un crédito con una tasa anual que apenas supera el 6%, y se financia con fondos sociales FONAVI, destinados en realidad a resolver problemas habitacionales de familias en situación de vulnerabilidad.
Desde el IPV el pasado 11 de mayo se emitió la resolución reglamentaria N°152, por la cual se elimina el requisito de “pobreza”, mientras se sigue evaluando una nómina de 600 postulantes entre los cuales hay “funcionarios de segunda línea y directores” que integran la planta política del gobierno provincial, tal como lo confirmó José Luis Del Giúdice.
La nueva normativa da luz verde a la entrega de fondos sociales a funcionarios con altos ingresos, y la operatoria en juego involucra más de 70 millones de pesos.
La relación de este escándalo con los dos despedidos del organismo de control la habría establecido la propia Legislatura, o al menos parte de ella, al hacer responsables a los dos abogados de la filtración de la información de este y otros créditos, aunque ambos lo niegan.
Incluso trascendió una vieja “revancha” pendiente con uno de ellos, a quien señalan como responsable de haber revelado información sobre la supuesta “vaquita” que pidieron algunos legisladores para que no prosperara el juicio político contra Claudio Ricciuti.
Lo cierto es que la decisión de Pani y Longhitano deja sin sus dos hombres de confianza a quien actualmente ejerce la presidencia del Tribunal de Cuentas, el Contador Luis Caballero, quien se opuso al despido, se retiró del edificio y no regresó a firmar el acto administrativo.
De acuerdo a la constancia que tanto Pani como Longhitano dejan en el acuerdo plenario N° 2371, Caballero participó de la reunión plenaria al mediodía del viernes, se retiró en una pausa para redactar los actos administrativos, y luego no pudo ser ubicado ni por Pani, que lo llamó por teléfono pero no fue atendido; ni posteriormente por el secretario privado que le había enviado un mensaje de texto para preguntarle si regresaría al edificio del Tribunal de Cuentas.
En declaraciones al portal 94diez, el Dr. Martín Messmer, uno de los abogados expulsados sin que conste motivo ni consulta sobre la veracidad de los hechos que se le imputaron, sostuvo que ni él ni su colega tienen algo que ver con la supuesta filtración a la prensa de las observaciones hechas sobre el expediente de D’Andrea.
“Nosotros no filtramos nada, ellos dicen que nosotros filtramos; pero nosotros no filtramos nada”, aseguró, sin haber tenido oportunidad de ejercer su derecho a defensa.
Agregó que ni él ni Tagliapietra tuvieron algún ningún tipo de acercamiento al expediente ya que “Caballero estaba de licencia y el expediente lo tenían Longhitano y Pani. Ni lo vimos”, enfatizó.
El contenido de la charla entre los vocales del Tribunal y los legisladores no trascendió pero sí hay constancia escrita de que fueron los legisladores quienes pidieron el tratamiento de este tema, incorporado por fuera del orden del día previsto en el plenario del viernes, en el que iba a tratar el estado de alerta y movilización decretado por APOC.
El gremio había pedido, por nota elevada el día jueves 6 al presidente, una reunión urgente con los tribunos; y el mismo viernes, momentos antes del plenario, Pani y Longhitano optaron por agregar este punto. Por mayoría, impusieron sus decisiones y Caballero se retiró para no volver, al menos ese día.
Cabe recordar que, durante el proceso de juicio político contra el Tribunal, que luego se enfocó sólo en Ricciuti, el contador Caballero había decidido ejercer el derecho a defensa en conjunto con quien luego resultó destituido, y esa cercanía no habría caído en gracia de un sector del poder.
Tampoco que, por entonces, trascendiera la supuesta “vaquita” legislativa, es decir un presunto pedido de coima, para que no prosperara el enjuiciamiento, situación que hizo pública el Dr. Luis Augsburger y que luego no pudo probar.
Ese dato también se le habría imputado a uno de los dos despedidos y, de ser real la sospecha de los legisladores sobre estos dos abogados, además de la intromisión de un poder sobre el organismo de control, se habría consolidado el ajuste de cuentas en el Tribunal, por supuestos hechos del presente, y del pasado cercano.
No es el único funcionario en el listado del IPV que accedió o está por acceder al beneficio de un crédito con una tasa anual que apenas supera el 6%, y se financia con fondos sociales FONAVI, destinados en realidad a resolver problemas habitacionales de familias en situación de vulnerabilidad.
Desde el IPV el pasado 11 de mayo se emitió la resolución reglamentaria N°152, por la cual se elimina el requisito de “pobreza”, mientras se sigue evaluando una nómina de 600 postulantes entre los cuales hay “funcionarios de segunda línea y directores” que integran la planta política del gobierno provincial, tal como lo confirmó José Luis Del Giúdice.
La nueva normativa da luz verde a la entrega de fondos sociales a funcionarios con altos ingresos, y la operatoria en juego involucra más de 70 millones de pesos.
La relación de este escándalo con los dos despedidos del organismo de control la habría establecido la propia Legislatura, o al menos parte de ella, al hacer responsables a los dos abogados de la filtración de la información de este y otros créditos, aunque ambos lo niegan.
Incluso trascendió una vieja “revancha” pendiente con uno de ellos, a quien señalan como responsable de haber revelado información sobre la supuesta “vaquita” que pidieron algunos legisladores para que no prosperara el juicio político contra Claudio Ricciuti.
Lo cierto es que la decisión de Pani y Longhitano deja sin sus dos hombres de confianza a quien actualmente ejerce la presidencia del Tribunal de Cuentas, el Contador Luis Caballero, quien se opuso al despido, se retiró del edificio y no regresó a firmar el acto administrativo.
De acuerdo a la constancia que tanto Pani como Longhitano dejan en el acuerdo plenario N° 2371, Caballero participó de la reunión plenaria al mediodía del viernes, se retiró en una pausa para redactar los actos administrativos, y luego no pudo ser ubicado ni por Pani, que lo llamó por teléfono pero no fue atendido; ni posteriormente por el secretario privado que le había enviado un mensaje de texto para preguntarle si regresaría al edificio del Tribunal de Cuentas.
En declaraciones al portal 94diez, el Dr. Martín Messmer, uno de los abogados expulsados sin que conste motivo ni consulta sobre la veracidad de los hechos que se le imputaron, sostuvo que ni él ni su colega tienen algo que ver con la supuesta filtración a la prensa de las observaciones hechas sobre el expediente de D’Andrea.
“Nosotros no filtramos nada, ellos dicen que nosotros filtramos; pero nosotros no filtramos nada”, aseguró, sin haber tenido oportunidad de ejercer su derecho a defensa.
Agregó que ni él ni Tagliapietra tuvieron algún ningún tipo de acercamiento al expediente ya que “Caballero estaba de licencia y el expediente lo tenían Longhitano y Pani. Ni lo vimos”, enfatizó.
El contenido de la charla entre los vocales del Tribunal y los legisladores no trascendió pero sí hay constancia escrita de que fueron los legisladores quienes pidieron el tratamiento de este tema, incorporado por fuera del orden del día previsto en el plenario del viernes, en el que iba a tratar el estado de alerta y movilización decretado por APOC.
El gremio había pedido, por nota elevada el día jueves 6 al presidente, una reunión urgente con los tribunos; y el mismo viernes, momentos antes del plenario, Pani y Longhitano optaron por agregar este punto. Por mayoría, impusieron sus decisiones y Caballero se retiró para no volver, al menos ese día.
Cabe recordar que, durante el proceso de juicio político contra el Tribunal, que luego se enfocó sólo en Ricciuti, el contador Caballero había decidido ejercer el derecho a defensa en conjunto con quien luego resultó destituido, y esa cercanía no habría caído en gracia de un sector del poder.
Tampoco que, por entonces, trascendiera la supuesta “vaquita” legislativa, es decir un presunto pedido de coima, para que no prosperara el enjuiciamiento, situación que hizo pública el Dr. Luis Augsburger y que luego no pudo probar.
Ese dato también se le habría imputado a uno de los dos despedidos y, de ser real la sospecha de los legisladores sobre estos dos abogados, además de la intromisión de un poder sobre el organismo de control, se habría consolidado el ajuste de cuentas en el Tribunal, por supuestos hechos del presente, y del pasado cercano.
FUENTE:SUR54