La Corte Suprema de Justicia abrió este miércoles una audiencia pública, la última instancia de debate en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, antes de pronunciarse acerca de la constitucionalidad de dos artículos de la norma.
El encuentro, en el que exponen sus posturas representantes del Estado y del Grupo Clarín, comenzó pasadas las 10 con una breve introducción de Ricardo Lorenzetti, quien consideró que se estaba ante "un caso de trascendencia nacional, que interesa no sólo a las partes sino a la sociedad". Casi en simultáneo se inició una movilización a la Plaza Lavalle encabezada por agrupaciones alineadas a la postura del Gobierno, en defensa de la ley sancionada por el Congreso.
El primer turno para los amicus curiae fue para el jurista venezolano Asdrúbal Aguiar Aranguren, del Observatorio Iberoamericano de Medios y designado por Clarín, quien sostuvo que la nueva ley es "arbitraria" e "irrazonable".
Aranguren señaló que deben evitarse abusos, tanto en la regulación de las licencias como en lo relativo a la concentración de medios, pero cuestionó la adopción de reglas específicas anti-concentración de la ley en cuestión por no cumplir con las reglas generales de competencia.
El representante del grupo sostuvo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual "propone un régimen de intervención estatal sobre medios de comunicación radioeléctricos".
Al exponer sobre la adecuación de la norma a tratados internacionales sobre Derechos Humanos, sostuvo que "las restricciones a los medios son restricciones a la libertad de expresión".
En segundo término, el orador fue Beinusz Szmukler, perteneciente a la Asociación Argentina de Juristas y en representación del Estado, quien reclamó a la Justicia que disponga "la plena"
vigencia de la Ley de Medios, ya que es "vergonzosa e injustificada la demora" de la aplicación de esa norma.
Szmukler, quien acusó de "monopolio" al grupo Clarín y de "desinformar", enfatizó que es necesaria la implementación de la Ley de Medios para "que todos los habitantes de esta tierra tengan derecho a generar y recibir información veraz", en el marco de una "auténtica democracia".
El siguiente expositor, en representación del grupo Clarín, fue Eduardo Oteiza, de la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, quien se expresó a favor de "la defensa de la libertad de expresión y de la actividad empresaria".
Oteiza trazó un paralelo con la jurisprudencia de los EEUU para la distribución de licencias de la televisión por cable, al señalar que en ese país "nunca se aplicó" la regulación en los operadores de cable.
El cuarto orador fue Carlos Ruta (Universidad Nacional de San Martín), quien señaló que se está transitando "un momento histórico en la constitución democrática argentina", por lo que "las mejoras institucionales van de la mano con las controversias contra aquellos que tienen intereses" como parte "ineludible" del proceso.
Para fundamentar su apoyo a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el representante de la universidad bonaerense consideró que "los servicios audiovisuales son decisivos para la formación del consenso. Aquí está en juego la libertad y la democracia".
Luego fue el turno de Luis Pardo (Adepa), que apoyó la postura del Grupo Clarín e indicó que "las medidas antimonopólicas deben asegurar la libertad económica y la libertad de expresión". Al respecto, apuntó: "De declararse la constitucionalidad (de la ley), se producirían efectos indeseables en términos de pluralismo y se precarizará la sustentabilidad de los medios privados".
A continuación habló Víctor Abramovich, representante del Poder Ejecutivo Nacional, quien opinó que el Estado tiene la obligación de regular la concentración "para facilitar debate público". Y la intervención estatal, manifestó, "se justifica aun cuando lesione un interés particular si es en pos del bien común".
Abramovich señaló además que no es el Estado la única posible amenaza a la libertad de expresión, sino que también la hace peligrar "la concentración privada".
En representación del Comité del Consumidor (Codelco) habló Eliseo Verón, quien consideró que "la ley es obsoleta desde el día que salió publicada en el Boletín Oficial" porque no tuvo en cuenta el desarrollo de internet y las redes sociales.
"Con la infraestructura tecnológica de la red, no hay ninguna razón para limitar voces y que vengan otras, porque todos caben en la situación actual", completó.
Uno de los discursos más encendidos fue el que pronunció Miguel Julio Rodríguez Villafañe, de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), quien arremetió contra las prácticas del Grupo Clarín porque "durante 29 años se marginó a sectores como el nuestro".
Con respecto a la aplicación de la ley de medios, señaló que "el pluralismo es una necesidad de la democracia, no del mercado, que, si no es controlado, con seguridad tenderá a la concentración". "No sólo hay que dar la palabra, sino asegurar que el volumen de unos no tape el de otros", finalizó.
El último orador de los "amigos del Tribunal" que defendió la demanda de Clarín fue el abogado Lucas Grossman, quien señaló que "la libertad de expresión y la defensa de la competencia van de la mano", por lo que con la aplicación de los artículos en cuestión "no sólo se reduciría la cantidad de información sino la calidad".
"Si existe una plétora de medios que se van a limitar a repetir cables de Télam, porque no tienen los recursos para generar información, la libertad de expresión se habrá deteriorado notablemente", analizó. "La ley pretende aplicar un remedio extremo, sin respetar garantías expresas" resumió.
Luego llegó el turno de Horacio Verbitsky, representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que comenzó con una crítica: "Celebramos la iniciativa de la Corte a favor de la transparencia y la comunicación, pero no coincidimos en la transofrmación del 'amicus curiae' en un subordinado 'amicus partis'".
De inmediato, el periodista profundizó: "Al constreñir a los amigos del tribunal a la abogacía de una parte, la Corte desmiente el pronunciamiento de su presidente contra la politización de la Justicia, y aplana como mera cuestión de partes un debate vital para la formación de la voluntad popular en una democracia más plena e informada. Además de las partes, hay un país afuera".
En el cierre de su breve alocución (las cuestiones más técnicas se las dejó a Damián Loretti), Verbitsky apuntó decididamente contra la "escandalosa dilación judicial que paralizó durante cuatro años una ley elaborada con la mayor participación social que se recuerde".
Luego fue el momento de los denominados independientes: el primer turno fue para Cynthia Ottaviano, por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (Poder Legislativo de la Nación), quien consideró que "la información pertenece al público, ni a una empresa ni al periodista, por eso no puede estar en pocas manos, menos aún en una sola. Si uno grita y los demás susurran, no hay elección posible. Es tiempo de considerar a la información como un derecho, no como una mercancía".
Para finalizar, Ottaviano les habló directamente a los miembros del máximo tribunal y los instó a dar vía libre a la plena aplicación de la ley de medios: "Es decisión de esta Corte permitir que avance la democracia o hacerla retroceder 30 años en un segundo. Que defina quién es David y quién es Goliath. Que Dios los ilumine para que vean lo que todos nosotros vemos y declaren la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".
Más moderado fue el discurso del representante del Centro de Estudios en Derecho y Economía (Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires), Juan Vicente Sola, quien no dudó en denunciar que "se está ante un caso de expropiación regulatoria, porque se obliga a vender una propiedad cuando no existe un mercado instalado de esa magnitud. Esto generará baja de precio y un claro perjuicio" al propietario que tiene que desinvertir.
Un cierre contundente
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tuvo la oportunidad de ponerle punto final a la primera jornada de audiencia y lo aprovechó para pegarle sin contemplaciones al Grupo Clarín: "Le solicito a esta corte que dicte un fallo histórico develando las falacias de este proceso".
Tras ese reclamo, la funcionaria apuntó contra la parte demandante denunciando su "posición construida violando derechos humanos" y un "oligopolio" sostenido con la "prensa escrita durante el terrorismo de Estado", que obtuvo "excepciones legislativas y fallos judiciales contrarios a las leyes, gracias al enorme poder de lobby que tiene una potencialidad extorsiva proporcionada por la concentración mediática".
"Hoy son los medios los que ponen en jaque el poder de los gobiernos democráticos. Le pido a la Corte que garantice el derecho de todos los argentinos a tener una ley que garantice la comunicacon democrática", finalizó.
Eran las 13:20 cuando se anunció el final de la primera jornada de la audiencia, que proseguirá hoy a las 10, cuando está previsto que expongan Clarín y el Estado nacional: si bien el Gobierno aún no definió los oradores que lo representarán, sí lo hizo el multimedios, que presentó a los abogados Alejandro Carrió, María Angélica Gelly y Damián Cassino.
Una larga batalla judicial
La ley en discusión fue aprobada en el 2009 por el Congreso y el litigio llegó a la Corte luego de que la Sala I de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal avalara presentaciones contrapuestas realizadas por el Estado nacional, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Cablevisión SA y el Grupo Clarín.
La apelación del Gobierno respondía a que los camaristas habían declarado inconstitucional una parte del artículo 45, en los puntos que limitan la multiplicidad de licencias de televisión por cable, al tiempo que fallaron contra el segundo párrafo del artículo 48, que sostiene que la propiedad de las licencias "no podrá alegarse como derecho adquirido".
Sin embargo, el Grupo Clarín también apeló porque la Cámara declaró constitucionales otros artículos: el que restringe la transferencia de licencias (41); y el plazo de desinversión de un año –ya excedido– para grupos que superen el tope de la norma (161).