Gracias a un decreto que firmó Néstor Kirchner unos días antes de terminar su mandato en 2005, Cristóbal López logró desarrollar el mejor negocio del juego del país. Instaló más máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo y mantuvo las que había en los casinos flotantes de Puerto Madero.
Juntos, significan una facturación cercana a los $ 3.700 millones anuales. Deducidos los costos y gastos, entre el 20% y el 30% se destina a los ministerios de Desarrollo Social de Nación y Ciudad.
Por eso, para la Justicia resulta vital verificar la seguridad de los controles sobre la recaudación de unas siete mil máquinas tragamonedas que hay en los casinos porteños.
El juez Rodolfo Canicoba Corral avanza con un investigación sobre el directorio de Lotería Nacional, que fiscaliza y controla los ingresos de los operadores del juego. En los próximos días, ordenará a la Universidad Nacional de La Plata que, junto con una serie de peritos especializados, realicen una inspección en la sede de Lotería Nacional para verificar si efectivamente existe un control online y en tiempo real de las máquinas tragamonedas. Y si es seguro, claro.
La denuncia original fue presentada por la legisladora porteña de la Coalición Cívica Paula Oliveto y por Maximiliano Ferraro luego de una investigación del programa La Cornisa.
El sistema que controla la recaudación de los casinos de Cristóbal López fue provisto por la empresa IGT, la misma que le vendió las máquinas tragamonedas al Zar del Juego. Según un informe reservado de la propia Lotería Nacional, las licencias del software –llamado Advantage– y las computadoras que “fiscalizan” el negocio del juego habrían sido cedidas por el propio Cristóbal López de forma gratuita.
Ahora, la Justicia busca verificar con un peritaje si ese sistema es seguro o permeable a manejos que podrían beneficiar al Zar del Juego.
Ahora, la Justicia busca verificar con un peritaje si ese sistema es seguro o permeable a manejos que podrían beneficiar al Zar del Juego.
Fuente;PERFIL