Tucumán - Dirigentes de la oposición tucumana profundizaron sus denuncias contra el Gobierno de José Alperovich
por subsidiar con fondos públicos las riñas de gallos, en un distrito
con emergencia económica desde hace más de 10 años y con necesidades
sociales urgentes.
La Unión Cívica Radical (UCR) señala que el Presupuesto 2014 destina cerca de $ 300.000 para estas riñas -la temporada arranca en junio, época en que los gallos emplumaron, y continúa hasta febrero del año próximo-, prohibidas por la ley nacional 14.346 de protección de animales, más conocida como Ley Sarmiento. No obstante, distritos como Tucumán, Santiago del Estero y Misiones -esta última, vía decreto- tienen cierta protección legal y habilitan, de esta manera, la actividad.
"Estos gastos son injustificables. El 35% de los tucumanos está por debajo de la línea de pobreza, y desvían fondos públicos que van a los bolsillos de otros pícaros", aseguró a Ámbito Nacional el diputado nacional José Cano (UCR). Según explicaron desde el radicalismo, el encargado de gestionar las partidas para las riñas de gallos -impulsó una ley hace nueve años- es el legislador provincial José "Gallito" Gutiérrez.
Al rechazar en 2013 la pauta presupuestaria para todo este año durante su debate en la Legislatura provincial, el diputado por la UCR Ariel García señaló que la partida para la riña de gallos rayaba "en el ridículo".
García detalló que entre los desiguales gastos se destinaron $ 5 millones para el órgano que se debe ocupar de la prevención de las adicciones, mientras que $ 77 millones fueron para la Secretaría Privada del Gobernador, desde donde acusa el radicalismo que salen los subsidios. "Con esa partida puede distribuir 8.800 pesos por hora", disparó el legislador.
Ese panorama que traza el radicalismo no coincide, sin embargo, con el diagnóstico del propio Gobierno: "Se siente que hay una recesión, no estamos muy bien", sostuvo ayer Alperovich. Aunque destacó: "A las finanzas las estamos manejando bien para poder administrar el Estado. No se trata sólo de pagar sueldos, sino de que no falten insumos en los hospitales. Mover el Estado no es fácil".
En tanto, en San Luis, el debate sobre una ley provincial sancionada en 2006 que avalaba la actividad -y el circuito de apuestas ilegales que arrastra- llegó al Superior Tribunal de Justicia, que declaró su "inconstitucionalidad" en 2009.
La Unión Cívica Radical (UCR) señala que el Presupuesto 2014 destina cerca de $ 300.000 para estas riñas -la temporada arranca en junio, época en que los gallos emplumaron, y continúa hasta febrero del año próximo-, prohibidas por la ley nacional 14.346 de protección de animales, más conocida como Ley Sarmiento. No obstante, distritos como Tucumán, Santiago del Estero y Misiones -esta última, vía decreto- tienen cierta protección legal y habilitan, de esta manera, la actividad.
"Estos gastos son injustificables. El 35% de los tucumanos está por debajo de la línea de pobreza, y desvían fondos públicos que van a los bolsillos de otros pícaros", aseguró a Ámbito Nacional el diputado nacional José Cano (UCR). Según explicaron desde el radicalismo, el encargado de gestionar las partidas para las riñas de gallos -impulsó una ley hace nueve años- es el legislador provincial José "Gallito" Gutiérrez.
Al rechazar en 2013 la pauta presupuestaria para todo este año durante su debate en la Legislatura provincial, el diputado por la UCR Ariel García señaló que la partida para la riña de gallos rayaba "en el ridículo".
García detalló que entre los desiguales gastos se destinaron $ 5 millones para el órgano que se debe ocupar de la prevención de las adicciones, mientras que $ 77 millones fueron para la Secretaría Privada del Gobernador, desde donde acusa el radicalismo que salen los subsidios. "Con esa partida puede distribuir 8.800 pesos por hora", disparó el legislador.
Ese panorama que traza el radicalismo no coincide, sin embargo, con el diagnóstico del propio Gobierno: "Se siente que hay una recesión, no estamos muy bien", sostuvo ayer Alperovich. Aunque destacó: "A las finanzas las estamos manejando bien para poder administrar el Estado. No se trata sólo de pagar sueldos, sino de que no falten insumos en los hospitales. Mover el Estado no es fácil".
En tanto, en San Luis, el debate sobre una ley provincial sancionada en 2006 que avalaba la actividad -y el circuito de apuestas ilegales que arrastra- llegó al Superior Tribunal de Justicia, que declaró su "inconstitucionalidad" en 2009.